PÉSIMA SEÑAL ANTICORRUPCIÓN

Pésima señal. En las últimas 48 horas, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Permanente Supraprovincial Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la CSJAN  sentenció a dos ex alcaldes, funcionarios y empresarios, por haber cometido graves delitos de corrupción.

En ambos casos, el juez Jove Ruelas les halló responsabilidad. En el caso de la Municipalidad distrital de Cajacay – Bolognesi, se resolvió a pena privativa de la libertad que tendrá el carácter de suspendida,  contra los ex funcionarios Alfredo Pedro Gloria Huerta, Jenny Lourdes Morán Jara y César Leoncio Maldonado Pimentel como autores del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, en la forma de Colusión en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Cajacay.

Asimismo, se le impuso la pena privativa de la libertad de cuatro años, que tendrá el carácter de suspendida, fijándose como periodo de prueba el plazo de tres años al procesado Charles Anderson Meza Villarreal, como cómplice extraneus del delito Contra la Administración Pública, en la forma de Colusión en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Cajacay.

Asimismo, los sentenciados, deberán pagar una reparación civil, la cual, -estamos seguros-  no les generará ni les hará cosquillas. Estamos hablando entre 3 y 6 mil soles, y en cómodas cuotas.

El mismos juzgado, condenó a cuatro años de pena privativa de la libertad que tendrá el carácter de suspendida, fijándose como periodo de prueba el plazo de tres años, al procesado Aquiles Florencio Ortiz León como autor del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Corrupción de Funcionarios en la forma de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo en agravio del Estado – Municipalidad Distrital de Succha.

Es decir, el Poder Judicial halla responsabilidad por corrupción a los imputados, pero les trata con mano de seda, dando una pésima señal a la comunidad. ¿Dónde está el problema?

¿Fue el fiscal que solicitó esas penas? ¿los elementos de convicción no fueron inobjetables? ¿fue el juez?.

En todo caso, por demás está invocar que la fiscalía y el procurador público anticorrupción debe apelar estas sentencias, de lo contrario, sentaría un nefasto antecedente con un mensaje: “Róbale al Estado sin riesgos, ni problemas de purgar carcelería”. 

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