Se quedan. la primera sala de apelaciones de la CSJA declaró infundada la solicitud de apelación, a la prisión preventiva de 9 meses, que presentó la defensa técnica del gobernador regional Juan Carlos Morillo y otros 7 implicados en el presunto delito de colución agravada. Lo hizo, mediante mla resolución N° 15 de fecha 11 de enero 2021.
Según los abogados, los procesados no accedieron a su derecho a defensa, porque el Juez Derby Mirko Quezada Blanco del Juzgado Anticorrupción, no les permitió el “uso de la palabra” en la audiencia de prisión preventiva. Sin embargo, para la Sala, los abogados nunca cuestionaron dicha actitud y no presentaron ningún reclamo o dejaron constancia de que se vulneraron sus derechos fundamentales en el acto.
Asimismo, el colegiado considera que existe peligro de fuga en algunos implicados y peligro de obstaculización, debido a los hechos y delitos imputados.
Para los magistrados, Juan Carlos Morillo Ulloa, en su calidad de gobernador regional pudo haber concertado con los demás implicados – incluso- indirectamente, pues la naturaleza del delito es “clandestino”.
En otra parte de la resolución dicen que existen “defectos administrativos con relevancia penal”, que la obra “Remodelación de Ambiente Complementario, Adquisición de Monitor de Funciones Vitales, Ventilador Mecánico y Equipo Ecógrafo. Además de otros activos en la EESS Eleazar Guzmán Barrón – Distrito de Nuevo Chimbote, Provincia del Santa, Departamento de Ancash” fue presupuestada en S/. 7 800.746.00 y luego en el expediente técnico se elevó el costo a S/. 10 061.072.61; para las autoridades de justicia, existe un incremento injustificado de 29.42 % respecto al costo inicial.
Los magistrados aclararon que Morillo Ulloa no tiene ninguna propiedad a su nombre, que tiene una denuncia por violencia familiar y otra por pensión alimenticia , por lo que descartan el arraigo domiciliario a su favor y consideran que existe peligro de fuga.
¿Y LOS DEMÁS IMPUTADOS?
En el caso del gerente del Gobierno Regional de Áncash, Johnny Constantino Muñante Quispe; del gerente de infraestructura, Pedro Miguel Velezmoro Sáenz; del responsable de la elaboración del IOARR (Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y Reposición), Jiordano Renzo Alva Pinedo, del gerente regional de administración, Juan Wilson Mendo Sánchez, del subgerente de abastecimiento, Ángel Enrique Velásquez Abanto y del subgerente de estudios y proyectos, Willian Percy Rojas Vereau, no han podido argumentar y descartar el por qué aprobaron y ejecutaron esta obra que -según la investigación fiscal- tiene múltiples irregularidades.
En tanto que a la empresaria Ninel Romero Bartusiak, la defensa no ha logrado descartar la acusación de haberse coludido con los funcionarios para ejecutar el componente de infraestructura del hospital valorizado en S/ 624.627,41.
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