Aquí, toda la historia. La génesis del presente caso, se remonta al 15 de marzo del 2020 el Gobierno Central mediante DS N° 044-2020 declara el Estado de Emergencia Nacional.
Fue entonces, cuando la Municipalidad Provincial de Huaraz inició coordinaciones con el MTC a fin de poder establecer un transporte alternativo no motorizado que permitiese al ciudadano huaracino desplazarse por la ciudad, teniendo en cuenta el distanciamiento social a fin de evitar el contagio del Covíd-19.
Es así, que mediante Oficio N° 406-2020-MPH-A, de fecha 30 de octubre de 2020, el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaraz Elíseo Rori Mautino Ángeles, remite al MTC, el expediente de implementación de «Sistema de Transporte Sostenible No Motorizado – Ciclovía para la Provincia de Huaraz», con la finalidad de acceder a las transferencias económicas que permitan a la Municipalidad Provincial de Huaraz, implementar dicho sistema de transporte. Hasta allí, todo bien.
Con fecha 26 de noviembre del 2020 el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante RM N° 0837-2020 MTC/01.02, aprueba una transferencia financiera con cargo al presupuesto institucional del pliego 036: a favor de la Municipalidad Provincial de Huaraz hasta por la suma de S/. 417, 456.00.
Los problemas vienen con la licitación del proyecto y su adjudicación. Se incurrieron en las siguientes irregularidades con la finalidad de favorecer a la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA J&D S.A.C. cuyo representante Jhon Stevens Mejía Morales, participó en la campaña electoral del MANPE acompañando varias veces al entonces candidato, e inclusive participando en reuniones, tal conforme los testimonios de los regidores citados ante la fiscalía. Ello se corrobora con las declaraciones de Asunción Daniel Oncoy Zambrano, Harry Bill Celestino Cisneros, Lázaro Luciano Joseph Jhordiño, Elfer Salluca Pinto.
El comité de selección descalifió deliberadamente la oferta del postor SEÑALIZACIÓN GIROD PERÚ S.A.C, con su oferta económica 3/ 319,900.00 y otorgar la Buena Pro al postor EMPRESA CONSTRUCTORA J&D S.A.C con su oferta económica 3/ 414,800.00, ocasionaron un perjuicio económico a la entidad hasta por la suma de S/. 94.900.00. Por este motivo, el Ministerio Público lo acusó del presunto delito de colusión agravada.
En una primera instancia, el 21 de junio, el juez del 5to juzgado penal de investigación preparatoria, dispuso comparecencia restringida, pero luego, la Sala de apelaciones, dispuso prisión preventiva para el alcalde Rori Mautino y los funcionarios Andrés Alfredo Inga Sánchez, Walter Edmundo Revilla Cancán, Wilson Eder Sosa Pisfil y el empresario Jhon Stevens Mejía Morales.
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