Fundado. El juez de la investigación preparatoria Derby Quesada Blanco, declaró fundado el pedido fiscal de prisión preventiva de nueve meses, contra el gobernador regional Juan Carlos Morillo.
Esta medida también alcanza al ex gerente general regional Jhony Muñante Quispe, gerente de infraestructura Pedro Velezmoro Sáenz, sub-gerente regional de administración Juan Mendo, el responsable y encargado de la elaboración del IOARR Jordano Alva Pinedo y Renzo Cerna Shuán, así como al gerente de estudios y proyectos Percy Rojas, el sub gerente de abastecimiento Angel Enrique Velásquez Abanto y la representante de la empresa Quimera SAC Ninel Romero Bartusiak.
La tesis fiscal, se basó en que los imputados, concertaron acuerdos, para favorecer a la empresa Quimera SAC en la construcción y equipamiento del hospital covid-19 en el «Eleazar Guzmán Barrón» por un monto de 10 millones de soles, incurriendo en el presunto delito de colusión agravada.
En ese orden, para la fiscalía, el gobernador regional insistió reiteradamente ante el consejo regional, la aprobación de la contratación directa, en vías de regularización que finalmente favoreció a la empresa Quimera SAC. Esta insistencia, se produjo en fechas reiteradas, el 29 de abril, 19 de mayo, 26 de mayo y finalmente, el 11 de junio, cuando el consejo regional, luego de haber rechazado el pedido del gobernador, aprobó la contratación directa con acuerdo N° 128.
En el caso del gobernador regional Juan Carlos Morillo, el juez amparó el pedido del ministerio público, sobre la pronosis de la prueba, así como la proporcionalidad de la pena, el arraigo familiar, arraigo predial, asimismo, el peligro de obstaculización.
El juez Derby Quesada Blanco, solo desestimó el pedido fiscal, sobre el arraigo laboral, pues consideró que es por toso conocido, su labor en el gobierno regional. Un hecho agravó la situación del gobernante regional, la omisión y maltrato familiar como antecedente.
Con estos hechos, para el magistrado, existe un peligro elevado de fuga, por lo que considera pertinente, admitir la solicitud fiscal de prisión preventiva de nueve meses.
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