La audiencia comenzó a las 5.30 de la tarde y se prolongó hasta la 1.30 de la madrugada con la lectura de sentencia la Resolución. En primera instancia, los abogados de la defensa técnica de los imputados Juan Carlos Morillo Ulloa (gobernador regional) , Jhonny Constantino Muñante Quispe (ex gerente general regional), Juan Mendo (Gerente de administración), William Percy Rojas Vereau, (gerente de Estudios y Proyectos), Pedro Miguel Velezmoro Saénz (gerente de infraestructura), Jordano Renzo Alva Pinedo (responsable elaboración de IDARR), Antonio Brigui Cerna Shuán (encarhado de la evaluación de IDARR), Ítalo Bryan Kiyoshi Lonkan Pérez, Ninel Romero Bartusiak (empresaria, representante de Quimera SAC), a ellos se les imputa el presunto delito de colusión agravada.
cada uno de ellos, alegó que la detención preliminar de siete días, solicitada por el fiscal Robert Alexander Rojas Ascón, no tenia sustentos legales, considerándola desproporcionada y fuera del código penal. Expresaron que el Ministerio Público, no había individualizado las presuntas responsabilidades, además, el juez que declaró fundada la petición del fiscal sobre la detención preliminar, no había valorado los hechos y solo se había limitado a copiar y pegar el escrito fiscal.
A su turno, el fiscal superior decano Dr. Jorge Luis Temple, desestimó cada uno de los recursos de apelación, por cuanto, no se había cumplido con lo que señala el código penal, tampoco quedaba claramemente establecido el pedido a la Primera Sala de Apelaciones. «La Sala debe declarar infundada la solicitud de la defensa técnica» dijo. Además, expresó que en este estadío del proceso, solo bastaban sospechas de presuntos delitos para su detención preliminar, tal como señala el código penal
Luego de una dúplica de preguntas y respuestas, finalmente los magistrados de la Sala de Apelaciones, que tuvo como moderador al juez superior José Luís La Rosa Sánchez Paredes, resolvió infundado al recurso de apelación presentado por los abogados de los detenidos como infundado
En consecuencia, el gobernador regional Juan Carlos Morillo y otras nueve personas, acusadas del delito de colusión agravada, al haber favorecido presuntamente a varias empresas que ganaron la buena pro para construir e implementar un ambiente para pacientes con Covid-19 en el Hospital Regional de Nuevo Chimbote, continuarán detenidos hasta el domingo 5 de diciembre.
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